Carbone afirm贸 que se hizo justicia y que la verdad siempre sale a flote
Santo Domingo, Rep煤blica Dominicana- Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declararon la extinci贸n penal del proceso contra el inversionista canadiense Antonio Carbone, por supuestamente intentar matar a su exempleado Fernando Arturo B谩ez Guerrero.
Los magistrados adoptaron la medida por el vencimiento del plazo m谩ximo de duraci贸n del proceso seguido al empresario extranjero.
La decisi贸n judicial est谩 amparada en el art铆culo 148 del C贸digo Procesal Penal, que contempla que la duraci贸n m谩xima de todo proceso es de tres a帽os, a partir del inicio de las investigaciones.
El abogado del empresario, Roberto Rosario, expres贸 que Carbone se quit贸 un gran peso de encima.
Indic贸, adem谩s, que con la decisi贸n la justicia dominicana sienta un precedente de que en el pa铆s se puede tener esperanza de que ese poder del Estado act煤e, aunque dijo que fue un poco tard铆o.
芦Esta medida se adopt贸 por el largo periodo en que fue arrastrado el se帽or Antonio Carbone, que dur贸 9 a帽os y cuatro meses en estado de prisi贸n y que al d铆a de hoy tiene exactamente 10 a帽os y varios d铆as con medidas de coerci贸n, porque, aunque logr贸 pasar la prisi贸n preventiva, ha tenido que estar con un grillete禄, afirm贸 el jurista.
Roberto Rosario dijo que fue sabia la decisi贸n adoptada por unanimidad por el tribunal que preside la magistrada Claribel Nivar Arias y est谩 integrado, adem谩s, por Yissel Soto y Clara Sobeida.
El togado enfatiz贸 que la declaratoria de extinci贸n del proceso contra Antonio Carbone es una decisi贸n que tendr谩 un peso importante no solamente en el caso del empresario, sino tambi茅n en el de cientos o miles de ciudadanos que est谩n recluidos en las prisiones por procesos tediosos que a veces se llevan a cabo por fallas del proceso judicial o por artima帽as de la parte querellante que se une con el Ministerio P煤blico para buscar la forma de alargar el proceso.
De su lado, el inversionista indic贸 que se hizo justicia porque fue una v铆ctima del sistema y de una trama que se orquest贸 en su contra.
Precis贸 que ahora espera que se acate la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que ordena la devoluci贸n de sus bienes.
Agradeci贸 el trabajo de sus abogados Roberto Rosario, Hotoniel Bonilla y Luis Jim茅nez Burgos, quienes, dijo, fundamentaron su defensa en el derecho.
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